Columnas
2016-06-14
1025 lecturas

Victoria Aldunate Morales
especial para G80

Mentira judicial, mentira política

“Estábamos obligados a dar una respuesta ya que el encarcelamiento de Celestino Córdoba como autor no era suficiente…”[1]. Es lo que afirmó el prefecto inspector de la PDI de La Araucanía, José Luis López al día siguiente de la detención de los nuevos presos políticos mapuche -10 hombres y una mujer-. Una frase reveladora que deja muy clara la urgencia con que la PDI se dedicó a las pruebas.

“Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran", así tituló su reportaje sobre las detenciones el diario “El Mostrador”. Según el medio, la Fiscalía de La Araucanía habría divulgado “a través de Twitter” la declaración de un supuesto testigo “clave” -el único-, a quien se presentaba como “una persona que habría presenciado los hechos con algún grado de participación” y cuya motivación para prestar testimonio habrían sido “conflictos morales”[2].

La aplastante mayoría de la gente mapuche encarcelada durante la madrugada del martes 29 de marzo son dirigentes sociales, entre ellos una autoridad espiritual, la Machi Francisca Linconao, y fueron detenidos por el incendio con resultado de muerte del matrimonio de latifundistas Luchsinger-Mackay, en Vilcún, en Marzo 2013. Los allanamientos a 20 familias en territorio mapuche por parte de la PDI irrumpieron desde la madrugada. Hubo un ciento de policías para detener a 11 personas. “El Mostrador” afirmaba: “se encontraron armamentos de distintos calibres”. Y en uno de sus párrafos hablaba del “delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista”, lo que es contrariado por la realidad porque “la Corte Suprema hace 3 años dijo que no hay terrorismo. Hubo una sentencia de nulidad que la Corte Suprema ratificó en el sentido de que no hay terrorismo en La Araucanía”, afirma Karina Riquelme Viveros abogada del “Centro de Investigación y Defensa Sur”. Por eso mismo el único condenado en el caso, el Machi Celestino Córdova[3], fue sentenciado por ley común y no por terrorismo.

No obstante, la Fiscalía está invocando nuevamente la ley 18.314, conocida como “Antiterrorista”, elaborada por la Dictadura el año 84 y cuestionada por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. “Es una Ley ambigua, no describe claramente lo que es un delito terrorista y la o las personas acusadas suelen quedar en prisión preventiva ya que se necesitaría unanimidad a favor de no aplicarla. No es como en las leyes comunes que sólo exigen la mayoría de los magistrados a favor”[4], explica Karina Riquelme. Hay dos querellantes en la causa contra la presa y los presos políticos mapuche del caso: el Gobierno de Chile y la familia Luschinger-Mackay.

Testigo “clave”

El prefecto inspector de la PDI de La Araucanía, José Luis López declaró que habrían tenido “elementos suficientes” para “la convicción y la certeza criminalística de la participación de estas personas en este acto delictivo”.

El fiscal Andrés Chiffelle solicitó la prisión preventiva de todos menos de Juan Manuel Peralino Huinca, para quien solicitó arresto domiciliario. Esto porque Peralino era su testigo “clave” y la Fiscalía de La Araucanía afirmaba que su declaración había sido “voluntaria”[5]. Pero, Juan Peralino Huinca se retractó [6], en la misma audiencia de formalización denunció que declaró bajo amenazas: “Tenían una computadora y empezaron a mostrarme fotos, el detective (Guillermo) Vilches empezó a chantajearme y amenazarme y declaré por el miedo a quedar ‘remachado’ (sic), obligándome a firmar ese reconocimiento de fotos”, “… el Vilches dibujó esa casa, y dijo ‘acá este grupo vino’ y me obligo a decirle que sí”, “Ellos (la PDI) empezaron a chantajearme, a amenazar a mi familia. Me ofrecían plata y que ellos me protegían...”[7]. Según su declaración, desde el año 2013 lo presionaban, y su abogado Pablo Ardouin así lo confirmó, también denunció tortura y malos tratos e incluso que antes de esta audiencia le habrían presionado nuevamente[8].

¿Quién es “el Vilches”?

Es el oficial subcomisario de la PDI Guillermo Vilches Saldivia y en la “confesión” de Peralino estaba en compañía de Claudio Melo Muñoz y Claudio Leio Marambio. Ellos son “subcomisarios oficiales investigadores”.

En febrero de 2015, el abogado marcos Rabanal Toro, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos había presentado una querella en contra de oficiales de la Policía de Investigaciones de la Prefectura Cautín (Temuco), por apremios ilegítimos en contra de Enrique Mauricio Sandoval Ulloa, un comunero mapuche que fue citado a prestar declaración al cuartel de la PDI de Temuco y apenas ingresó fue golpeado, lo dejaron 4 horas detenido e intentaron relacionarlo con el llamado “caso Luchsinger MacKay”[9].

El abogado Oscar Rabanal nos hizo algunas aclaraciones en una conversación telefónica: “La querella se presenta contra personas y no contra institución alguna, y la información de los nombres contra quienes se presenta la querella es confidencial”. No obstante no es difícil deducir que Guillermo Vilches Saldivia, Claudio Melo Muñoz y Claudio Leio Marambio podrían haber estado en el procedimiento por el cual presentó la querella del INDH, pues obviamente son, como ya se ha informado, los “subcomisarios oficiales investigadores” a cargo del caso.

Guillermo Vilches además está mencionado como testigo en el caso que condenó al Machi Celestino[10]. No habría por qué dudar de los apremios y presiones que relata el joven mapuche Juan Manuel Peralino. La Comisión Ética Contra la Tortura y la Coordinadora Jurídica 4 de Agosto, han denunciado numerosos hechos de tortura, secuestros y otros acosos contra comuneros y comuneras mapuche de parte de las policías[11], lo mismo ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.

“No somos víctimas, somos luchadores”

Luis Tralcal Quidel en la Cárcel de Temuco subrayó la injusticia de este caso, la parcialidad de los jueces y las presiones y torturas que recibió Juan Manuel Peralino Huinca para prestarse como testigo. “Nos han perseguido por años y no han podido probar nada. Nos tienen miedo, eso creo. Un día trajeron a la Machi acá y a nosotros no nos dejaron bajar por miedo supongo”, relató Luis Tralcal. Para él este es un “juicio político, una mentira judicial”. Explica que “se entiende el hecho político, aunque no hay justificación”, y dice que quiere dejar en claro que no se sienten ni son “víctimas”, “somos luchadores sociales que sabemos que resistir por territorio, autonomía y recuperación de tierras es algo que se persigue por intereses políticos y económicos”.

Mientras sostenemos esta conversación un gendarme entra molesto a la sala de visita de los presos políticos mapuche que está separada del Gimnasio en donde los demás presos reciben a sus visitas. Les llama la atención porque no estaría claro “quién va a ver a quién”. Hay un mismo visitante inscrito para diversos presos. Al parecer tiene problemas con el orden burocrático de su listado. Luis se coloca de pie y le responde: “Es que somos familia, las visitas son de todos”. El Gendarme no lo entiende y se va[12].

Preguntamos al INDH sobre este caso, el jefe de la sede regional del INDH, Federico Aguirre señala que están observando el proceso: “Lo de la retractación del testigo va a tener que ponderarse, la prisión preventiva no es anormal, pero lo que sí advertimos es que la nueva invocación de la ley antiterrorista es muy preocupante”.

Y claramente lo es. Es realmente alarmante que un gobierno democrático y a cargo de una presidenta que determinados sectores del movimiento de mujeres e incluso corrientes feministas nos han presentado como un “liderazgo antidiscriminatorio” -el de la Presidenta Michele Bachelet-, invoque por quinta vez la Ley de Pinochet, la Ley Antiterrorista, de las cuales cuatro veces, han sido en la Región de La Araucanía (Walmapu).

victoria aldunate morales, terapeuta, escritora, lesbiana feminista wallmapu
www.facebook.com/carmela.jeriagomez
www.facebook.com/Puntada-Con-Hilo-Comunicaci%C3%B3n-Feminista-180046102119386/
http://lapuntadaconhilo.blogspot.cl/

Otras fuentes:

Testigo clave de caso Luchsinger-Mackay asegura que declaró bajo amenazas, Ángela Suárez, Izquierda Diario, Jueves 14 de abril de 2016
Testigo clave del caso Luchsinger-Mackay insiste en que recibió amenazas de PDI para inculpar a 10 comuneros, El Desconcierto, 14.04.2016
Por apremios ilegítimos en contra de un comunero mapuche. Abogado del Instituto de DDHH presentó querella contra policías PDI de Cautín”, Ñuke Mapu, Centro de Documentación Mapuche 2015-02-18.

[1] Imputado caso Luchsinger - Mackay: "Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran", EL MOSTRADOR 30 marzo 2016
[2] Imputado caso Luchsinger - Mackay: "Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran", EL MOSTRADOR 30 marzo 2016
[3] Condenado el 1 de marzo de 2014 a 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte, una condena común no de “terrorismo”.
[4] Sobre Karina Riquelme Viveros ver también artículo de 2011 “Condenan a abogada que defiende a niños mapuche acusados de terrorismo”, Victoria Aldunate Morales/ La Haine, del 29/11/2011.
[5] Imputado caso Luchsinger - Mackay: "Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran", EL MOSTRADOR 30 marzo 2016
[6] Ver “11 Comuneros mapuche detenidos por homicidio Luchsinger Mackay” en: www.youtube.com; “Wallmapu- Pablo Ardouin, abogado de comuneros mapuche, 30mar16” y “Lo que no muestran los medios. Defensa Imputados caso Luchsinger-Mackay” en Ruda Audiovisual Dennisse Carrasco
[7] “Testigo clave en caso Luchsinger reiteró que declaró bajo amenazas”, El Dinamo, 13 de abril, 2016
[8] Ver “11 Comuneros mapuche detenidos por homicidio Luchsinger Mackay”; “Wallmapu- Pablo Ardouin, abogado de comuneros mapuche, 30mar16”
[9] Abogado del Instituto de DDHH presentó querella contra policías de Cautín por golpiza a mapuche, Publicado por Pablo Velozo/ Información de Carlos Martínez/ Miércoles 18 febrero 2015
[10] Causa RUC 1300014341-8 220/2013 del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, Temuco, causa seguida contra Celestino Serafin Cordova Tránsito, Sentencia del 18 febrero de 2014, rectificación de sentencia del 3 de marzo de 2014.
[11] Alto a la represión y respeto pleno de los derechos humanos del pueblo mapuche Le Monde Diplomatique, Comisión Ética Contra la Tortura, Coordinadora Jurídica 4 de Agosto, Santiago de Chile, lunes 23 de febrero de 2015.
[12] Entrevista a Luis Tralcal Quidel en Cárcel de Temuco el 7 de mayo de 2016.

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