En esa disputa por el sentido del cambio progresista que propuso Bachelet, observado al inicio de su gobierno, se fue desperfilando prontamente, y se evidenció en la conformación de los gabinetes ministeriales o en los pactos que debió hacer con sus propuestas renovadoras, sometida al chantaje de los partidos políticos, en circunstancias que éstos ya evidenciaban severas caídas en sus niveles de popularidad y confianza por parte de la ciudadanía. En el retroceso reformista que debió hacer Michelle Bachelet, terminó subvencionando con su gran respaldo a actores políticos seriamente cuestionados a cambio de apoyos a sus iniciativas democratizadoras.

Aun cuando hubo factores que gravitaron negativamente durante el primer año de su gobierno, como la partida del Transantiago, los hechos confirman que el diseño del elenco de gobierno elegido para acompañarla en su labor reformadora no estaba a las alturas de lo esperado, lo que llevó a la presidenta a abdicar tempranamente de implementar un gobierno ciudadano, debido principalmente a la presencia de los poderes fácticos instalados en las sombras de la Concertación. Proyectos emblemáticos que se propusieron como iniciativas innovadoras frente a la desesperanza creciente de la sociedad civil, de lograr que los gobernantes asumieran desafíos pendiente y respondieran a las promesas levantadas desde que se conquistó la democracia, fueron encontrado obstáculos en el camino y hoy se encuentran amenazados de terminar en los archivos del congreso nacional. Solo a modo de ejemplo, el proyecto de ley sobre asociacionismo y participación ciudadana en la gestión pública, que demoró 4 años en ser aprobado por la cámara de diputados, ha sido rechazado por el senado, debiendo discutirse en comisión mixta, con incierto resultado; el proyecto de ley que crea el defensor ciudadano, fue rechazado igualmente o la iniciativa ciudadana de ley, que aun no está en la agenda de los congresistas ni tiene urgencia alguna. Ha habido en el campo legislativo y ejecutivo yerros y carencia de una política que permitiese sortear con éxito los escollos que inevitablemente pondría la derecha. 

Hacia el interior del estado las iniciativas pro – participación ciudadana se han burocratizado por formalismos legales carentes de vitalidad ciudadana tornándose en simulacros de participación, por lo que sus acciones se traducen en actos administrativos que buscan básicamente informar y consultar a la población, no haciéndola partícipe de empoderamiento que le permita avanzar a la construcción de nuevas formas de cooperación entre estado y sociedad civil.

La propuesta de gobierno ciudadano, aun cuando ha sido una iniciativa de la presidenta, no contó con un piso político para ser llevada adelante, en parte, porque los poderes fácticos de la concertación no han tenido ni tienen la voluntad ni el interés por integrar la voz de la ciudadanía en la acción política, pues ello se percibe como una erosión de su poder. Michelle Bachelet se ha quedado sola en esta iniciativa, y ha debido ceder ante partidos del siglo XX que siguen pensando que la política es principalmente copamiento y uso del aparato del estado, y en parte, porque los fantasmas del pasado siguen rondando, y los lleva a ver en la participación ciudadana un factor potencial de ingobernabilidad. Pero también ha debido ceder ante los tecnócratas, incapaces de comprender que la política es también participación ciudadana y por cierto de las posiciones conservadoras de la derecha para quien la autoridad y la fuerza son suficientes para gobernar.

Por cierto que un balance sobre este tema exige analizar el rol de la sociedad civil. En verdad, su desempeño ha sido marginal y mas bien vinculado a acciones puntuales de incidencia política hacia congresistas que analizan y debaten proyectos de contenido ciudadano, pero alejados de los circuitos de poder del estado donde se adoptan decisiones en torno de lo que queda del gobierno ciudadano. Podría calificarse como un continuo desencuentro las relaciones estado - sociedad civil en lo que ha sido el fallido intento de llevar adelante un gobierno que escucha a la sociedad civil.

Aun cuando resta un año para el término del actual gobierno, no existen evidencias de un cambio en este rumbo. El gobierno ciudadano irá quedando de lado por el debate que se instalará en la agenda política de cara a la elección presidencial de 2009 y será el eco lejano de un intento fallido de gobernar con la gente del talvez último gobierno de la concertación. 

La sociedad civil, campo heterogéneo de disputas por los sentidos del cambio y la transformación social, seguirá siendo el espacio de desarrollo de nuevas propuestas de construcción de un orden solidario, justo y democrático. Ciertamente, quedan lecciones y aprendizajes, y se abre, una vez más, un proceso de consulta hacia los actores políticos respecto de sus propuestas programáticas que aspiran llevar adelante en un nuevo gobierno. 

Desde que fuera recuperada la democracia, la sociedad civil ha sido parte fundamental en la búsqueda permanente de la inacabada construcción de un orden democrático para Chile. En este marco, la apuesta audaz de la presidenta Bachelet formará parte de la historia de los esfuerzos por democratizar el estado y aportar a una nueva convivencia, y ciertamente habrá de ser valorada en ese mérito. 

Adolfo Castillo