2006-05-04
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Adolfo Castillo
Especial para G-80
La participacion ciudadana como acto politico
Un nuevo contexto para la construcción de nuevas relaciones entre ciudadanía y estado ha comenzado a vivir Chile a partir de marzo, toda vez que está en curso un rediseño conceptual y en el modo en que los gobernantes buscan establecer puentes con la sociedad civil. El acierto político de sus predicciones no dependerá sólo de la corrección técnica de los instrumentos y supuestos normativos con que se trazará el escenario de acción de la nueva apuesta, el “nuevo trato ciudadano”. En gran medida, las posibilidades de realización de aquello se fundarán en el contenido que adopte la participación de los actores sociales.
Debido a los cambios en la configuración sociopolítica de nuestro país, experimentados luego del fin del bipolarismo ideológico que vivió el orbe durante gran parte del siglo XX, las ideas de estado, partido político o mercado, han modificado profundamente sus sentidos para la población. Y aun cuando las corrientes culturales e históricas de larga duración mantengan cierta inercia en las imágenes colectivas populares, tiene lugar una disputa en el espacio de la sociedad civil por encontrar el nuevo rumbo de los asuntos públicos. La política institucional, más ritual y anclada a las inercias del estado y su nomenclatura, no ha logrado encontrar un lugar que cuente con la mayoritaria legitimación social. En un sentido metafórico el estado está más desnudo que nunca, provisto esencialmente de su capacidad coactiva y legitimidad para hacer uso del recurso de la fuerza. No es por cierto un cuadro expectante si se mira en perspectiva, pues son estas las condiciones propicias para la emergencia de fenómenos indeseables políticamente, como también para soluciones nuevas a viejos dilemas que vive una sociedad. Las tonalidades de las situaciones en desarrollo están estrechamente asociadas a la calidad del protagonismo ciudadano en el nuevo contexto.
En el curso de los próximos acontecimientos de producción política estatal en materia de participación ciudadana, se presenta la dilemática doble cuestión que enfrenta todo gobernante: la construcción de poder ciudadano en el espacio de la sociedad civil y los límites que habrá de disponer ese poder en las actuales relaciones entre gobernantes y gobernados.
El poder de la ciudadanía no es una cuestión asociada sólo a la legitimación del orden actual, del tipo la “soberanía radica en el pueblo”; es una condición de existencia del acuerdo democrático que une las voluntades sociales por sostener y validar diariamente la existencia de este orden. Cuánto poder es el requerido y hasta donde el estado está dispuesto a otorgar poder es uno de los problemas de toda opción política que aspira a abrir la democracia a los ideales de justicia, libertad e igualdad. Pero es esencialmente un proceso en que los actores no siempre disponen de las condiciones necesarias y suficientes para su concreción, pues , gran parte de sus actos pueden estar condicionados por factores estructurales o a lo menos, limitantes de la acción transformadora. Ciertamente que el talento político y la determinación constituyen formidables condiciones para el establecimiento de nuevos acuerdos sociales.
Se pueden dar por supuestos muchos factores que inhiben las opciones de cambio político institucional en Chile, esto es, avanzar hacia formas democráticas participativas de gobierno, que amplíen los límites de acción de los actores sociales y que hagan posible el cambio de las relaciones de desigualdad extremas vividas social y económicamente, a la vez que se alteren los desequilibrios en las representaciones socio políticas. Pero el control de esos cambios radica en el aparato estatal y en sus decisores.
Pero no es menos cierto que parte importante sino sustantiva de las posibilidades de transformación en Chile se afincan en el desarrollo de la sociedad civil y en el incremento de la participación ciudadana. Una ciudadanía diversa, multicultural, pluralista, capaz de ingresar a la arena pública con argumentos de cambio, y una sociedad civil sin límites a su desarrollo, autónoma, con opciones de apertura asociativa, recursos, dialogo local, regional y global.
Este camino requiere transitar decisivamente de una noción restringida de participación como acción desprovista de potencialidad transformadora, pasando por la lógica del “conocer opiniones de la gente” a la de “otorgar y compartir poder”. Una perspectiva de tal profundidad tiene como condición necesaria pensar la participación ciudadana como un acto político, como una acción consciente y deliberada por intervenir desde múltiples centros en los asuntos que atañen al gobierno de la polis. En este proceso complejo el terreno de la sociedad civil es el espacio privilegiado para la reconstrucción democrática del país.
Adolfo Castillo, Director Ejecutivo Corporación Libertades Ciudadanas
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